Browsing by Autor "Ríos Luna, Juan Orlando"

Now showing 1 - 4 of 4

El debido proceso en el procedimiento administrativo
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2015) Ríos Luna, Juan Orlando
En la mayoría de las legislaciones, el debido proceso originalmente se constituyó como una garantía de derechos constitucionales, posteriormente la influencia de convenios y tratados internacionales vino a proteger los derechos de la persona humana con una garantía procesal y se aplicó en el derecho penal; en la actualidad esta garantía procesal se aplica en todas las otras ramas del derecho, entre ellos el procedimiento administrativo. Decimos que la vigencia de la garantía del debido proceso se remonta a la actuación interpretativa del Tribunal Constitucional; ello debido a la inexistencia de una norma clara sobre la vigencia de esta garantía en Bolivia, por cuanto el debido proceso como tal no estaba positivada en ninguna norma legal; así que, tanto en la CPE y el Código de Procedimiento Penal se refieren en forma aislada a algunos componentes del debido proceso, pero no específicamente con una garantía al debido proceso.
El debido proceso en el procedimiento administrativo (Ley 2341 de 23 de abril de 2002)
(Rev. Jur. Der., 2014) Ríos Luna, Juan Orlando
En la mayoría de las legislaciones, el debido proceso originalmente se constituyó como una garantía de derechos constitucionales, posteriormente la influencia de convenios y tratados internacionales vino a proteger los derechos de la persona humana con una garantía procesal y se aplicó en el derecho penal; en la actualidad esta garantía procesal se aplica en todas las otras ramas del derecho, entre ellos el procedimiento administrativo. Decimos que la vigencia de la garantía del debido proceso se remonta a la actuación interpretativa del Tribunal Constitucional; ello debido a la inexistencia de una norma clara sobre la vigencia de esta garantía en Bolivia, por cuanto el debido proceso como tal no estaba positivada en ninguna norma legal; así que, tanto en la CPE y el Código de Procedimiento Penal se refieren en forma aislada a algunos componentes del debido proceso, pero no específicamente con una garantía al debido proceso.
"El régimen legal del sistema regulatorio en Bolivia"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2015) Cardozo Cruz, Lidia; Ríos Luna, Juan Orlando
Bajo el título de: El Régimen Legal del Sistema Regulatorio en Bolivia, la presente investigación monográfica responde a un proceso de organización sistemática, metódica y verificable. La investigación encara el tema desde el análisis general del desarrollo del sentido de los servicios públicos en el país, fundamentalmente la regulación de los mismos y el procedimiento administrativo. En este sentido se ha visto por conveniente realizar inicialmente una breve reseña histórica de los procesos de reformas, conformación y funcionamiento del Sistema Regulatorio en Bolivia en el marco del Derecho Administrativo, además de recurrir a la normativa del Sistema Regulatorio en Bolivia para realizar un análisis general y descriptivo, donde se reconozca una problemática que derive en la necesidad de actualizar la normativa vigente, garantizando el cumplimiento satisfactorio de las necesidades tanto de las empresas prestadoras de servicios como de los usuarios y consumidores. Considerando que la regulación es variable y aun asumiendo que los sectores comparten ciertas finalidades comunes, no hay que dejar de considerar que de un sector a otro la regulación varía de acuerdo a sus principios, características y fundamentos generales. Debido a esta amplitud es que la presente monografía ha delimitado temporalmente y espacialmente su interés descriptivo en la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT. Es necesario partir de la representación del Estado en beneficio de las necesidades de la sociedad, en tanto prevé la creación de entes supremos que aseguren la prestación de los servicios públicos. Dichos entes pasan de ser propios a impropios debido a que pasan a depender de las empresas privadas. Sin embargo el sector privado no satisfacía suficientemente las necesidades básicas de forma adecuada, por lo que la Revolución de 1952 instaura en la sociedad boliviana un proceso de estatización, incrementado la tendencia nacionalista en la población. Que el Estado Intervenga de manera directa en la prestación de los servicios da lugar a nuevos planteamientos en torno a la eficiencia, calidad y eficacia en la prestación de los servicios ya que antes las empresas eran de carácter monopólico. La desestatización de las empresas bolivianas atravesaron dos periodos: El primero la privatización de las pequeñas y medianas empresas, adjudicadas mediante el mayor precio ofrecido. El segundo periodo en el que las seis empresas de mayor alcance se transfirieron al control privado, determinando este periodo como el de la capitalización. De esta manera es que el Ministerio de Capitalización fue responsable junto a las empresas capitalizadas de la elaboración de leyes sectoriales; dando origen a La Regulación en Bolivia, la cual tiene como finalidad principal respaldar la competencia de la provisión de los servicios de los operadores hacia los usuarios y consumidores. Los tres ámbitos que ocupan a la regulación son el económico, el ámbito social y el administrativo que es el que ocupa a la presente monografía. En el país se originaron para entonces tres grandes sistemas regulatorios: El Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), El Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) y El Sistema de Regulación de Recursos Renovables ( SIRENARE). Posteriormente con la promulgación del Decreto Supremo Nº0071 se determina la extensión de las Superintendencias para que sus funciones pasen a ser asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, habiendo adecuado el Sistema Regulatorio a la actual Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia. Finalmente en cuanto al procedimiento, las Autoridades dejan de tener la tipología de entidades autárquicas, esto suponía que su característica principal era atender de manera privativa y única los temas en el ámbito de su competencia. En la actualidad se las define como Instituciones Publicas Técnicas y Operativas, que si bien están supeditadas al Ministro de cabeza de sector, cuentan con independencia, administrativa, financiera, legal y técnica.
"La responsabilidad del estado boliviano sobre la administración de los bienes incautados"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2020) Ameller Terry, Paula Marina; Ríos Luna, Juan Orlando
Hasta hace algunos años no se prestaba la suficiente atención a la incautación de bienes de origen delictivo, una de las razones era que el proceso penal que se dirigía en esencia a la sanción del delito. Pero también a la escasez de medios a disposición de las autoridades judiciales para identificar dichos bienes. Todo esto ha cambiado y durante los últimos años los Bienes Incautados han adquirido una gran importancia, Hasta considerarse en el “arma central” de los productos del delito. Pero también es claro que a medida que avanzan los cambios, también se incrementan los bienes incautados. Lo que pone en apuros a nuestro país. Un ejemplo claro son las lujosas casas, y otros bienes de gran valor incautados, se echan a perder, o aparecen desmantelados o simplemente pierden su valor con el tiempo. A pesar de la creación de un organismo específico para hacerse cargo de ellas (DIRCABI), así como una legislación específica sobre la administración y gestión de bienes incautados. Cuando se adoptan este tipo de medidas provisionales se persigue salvaguardar estos bienes con el objeto de que puedan ser posteriormente decomisados. Pero el número de bienes incautados es enormemente variado. A ello se unen que el proceso penal se extiende demasiado, por tratarse de asuntos sumamente complejos. Todo esto genera evidentes problemas relacionados con la gestión, administración y conservación de los bienes incautados. Grandes han sido los intentos en nuestro país por tratar de regular esta administración, pero sin embargo se han tropezado con problemas como la falta de profesionales y técnicos especializados y dedicados a la administración y conservación. Por esta razón esta monografía jurídica tiene como objetivo la incorporación del Documento de Buenas Prácticas sobre la Administración de Bienes Incautados y Decomisados. Lo que le permita al Estado realizar un análisis técnico y jurídico exhaustivo para la correcta administración.