"La institucionalización del servidor publico en el marco de la ley general del trabajo"

Abstract

El principal recurso que tiene un país es su gente, razón por la cual el Estado tiene la obligación de generar políticas y acciones que permitan el acceso a una fuente de trabajo y principalmente estabilidad laboral, con la finalidad de contar con el personal idóneo, que reúna requisitos de formación, cuente con la motivación necesaria como resultado de un proceso de institucionalización y parte de una carrera administrativa dentro de los principios de eficacia, eficiencia y economía. En este sentido, las personas entre quienes se busca que se presten servicios al Estado, deberían ser seleccionados por meritocracia, es decir aquellos que reúnan competencias tanto a nivel académico, como con experiencia, aptitud y capacidad demostradas para desempeñar las funciones públicas. Si bien es cierto y evidente que la Ley 2027 “Estatuto del Funcionario Público”, y la Ley 1178 de “Administración y Control Gubernamentales” determinan la carrera administrativa mediante la aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y que dentro de su ámbito de aplicación se encuentran todas aquellas entidades y empresas bajo este régimen laboral, la Ley N° 466 Ley de la Empresa Pública promulgada en diciembre de 2013 que establece regulaciones e identifica a las empresas públicas estratégicas, sujetándose su régimen laboral a la Ley General del Trabajo, no estipula la forma de incorporación y/o contratación del personal, por lo que no existe un proceso institucionalizado que asegure la selección de la persona más idónea para un determinado cargo en dichas empresas y por consiguiente brindar a la persona elegida, seguridad y estabilidad laboral a largo plazo. La normativa vigente en el ámbito laboral, así como la jurisprudencia constitucional afirma claramente que el Estado no tiene la obligación de conceder a todos los bolivianos un puesto de trabajo, pero si le exige la tarea de elaborar y ejecutar políticas que favorezcan al ciudadano el poder acceder a un cargo como derecho fundamental de acceso al trabajo, garantizando igualdad de oportunidades para optar al mismo, gozando de estabilidad laboral, previo cumplimiento a los principios de meritocracia y otros requisitos exigidos para el mismo. Por tanto, la implementación de la carrera administrativa en las empresas públicas estratégicas mediante procesos de institucionalización asegura la elección del postulante más idóneo y garantiza estabilidad laboral y desarrollo profesional de los trabajadores, siendo esa la finalidad que se quiere lograr a través de la normativa que se propone en el presente trabajo de investigación de tesis de grado.