"El régimen legal del proceso contencioso administrativo en la legislación boliviana; antecedentes y proyecciones"

Abstract

El presente trabajo de investigación, tiene por objeto de estudio del Régimen Legal del Proceso Contencioso Administrativo en Bolivia, entendida como el mecanismo legal de impugnación de los actos de la administración pública por parte de los administrados, ante la evidencia de que sus intereses legítimos o derechos subjetivos fueron vulnerados por el órgano administrativo. La actividad administrativa concluye con la emisión de los actos administrativos, esta declaración la voluntad administrativa debe resguardar la legalidad en sus actuaciones; su inobservancia, vicia de nulidad el acto administrativo. La actividad administrativa se encuentra regulada por la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 2341), que se refieren al inicio, tramite y conclusión de estos procedimientos, así como la tramitación de los recursos de impugnación en sede administrativa a través del recurso de revocatoria y jerárquico, con cuyo acto administrativo concluye los tramites en sede administrativa. La preocupación surge desde la emisión de los actos administrativos en la instancia del recurso jerárquico (conclusiones de actuaciones administrativas), por cuanto existe la eventual impugnación judicial a través del proceso contencioso administrativo. En esta instancia, la regulación normativa de los procesos contencioso administrativo en Bolivia es deficiente, precaria y los procesos en esta materia se tramitan con normas del proceso civil ordinario desde hace más de cincuenta años; con la vigencia de los Códigos Banzer, los procesos Contencioso Administrativo se regulan de manera imprecisa, confusa y en muchos casos a través de normas transitorias. El Órgano Judicial encargada en el conocimiento de estos procesos fue la extinta Corta Suprema de Justicia en su Sala Plena como describe la norma constitución abrogada. Estos antecedentes demuestran que la regulación normativa para la tramitación y resolución de los procesos Contencioso Administrativo, vulneran principios constitucionales a los derechos fundamentales, derecho a la tutela judicial efectiva y derecho al debido proceso entre otros, no obstante que desde el año 2009 Bolivia se constituye en un Estado Constitucional de Derecho. Este antecedente, amerita que la jurisdicción Contencioso Administrativa debe adecuarse a los principios, valores, derechos y garantías que rige la norma constitucional, no obstante, el tiempo transcurrido de más de 15 años. Los que quiere decir que la impugnación de los actos administrativos en la instancia judicial carece de una regulación iii normativa eficiente que cumpla con sus finalidades previstos. Se propone la construcción de una nueva justicia administrativa, en base a los antecedentes y experiencias que la doctrina del Derecho Administrativo vigente en los diferentes países que se llegó a desarrollar; por otra parte, en Bolivia el desarrollo normativo para la regulación de la jurisdicción Contencioso Administrativo, es deficiente, precario e insuficiente. A este efecto, la nueva justicia administrativa debe partir del marco constitucional en la tramitación de los procedimientos en instancias administrativa y en la tramitación de procesos en instancias judicial; así como la conformación y/o readecuación de los órganos administrativas y judiciales que tengan a su turno el conocimiento y resolución de las controversias administrativas, a través de la creación de una tribunal administrativo especializado y la conformación de Salas Administrativas en el Tribunal Supremo de Justicia y Salas Administrativas en los Tribunales Departamentales de Justicia. Con esta propuesta se pretende implementar el funcionamiento de una eficiente justicia administrativa que observe principios y derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva y el debido proceso de tal manera que los administrados encuentren garantía ante los excesos en las actuaciones estatales.