Baldivia Calderón de la Barca, Andrés V.Inchauste Condorí, Juan Angel2026-03-222026-03-222010https://andeanlibrary.org/handle/123456789/36224En el año 2000, el gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo N° 25959, cuya finalidad era, reglamentar las operaciones de arrendamiento financiero o Leasing en el país, otorgándole al sistema financiero boliviano una alternativa de financiamiento con respecto al crédito tradicional y mejorar las condiciones financieras del país. Con la promulgación de este decreto supremo se lograría el acceso al financiamiento de bienes muebles o inmuebles de manera menos burocrática que el crédito nacional, facilitando a las empresas de arrendamiento la ejecución y recuperación de sus bienes. Sin embargo, en el artículo 11 de dicho decreto supremo, correspondiente a la parte referida a las normas procesales para el cobro del canon adeudado presenta una contradicción con otra norma legal vigente en el país, la misma que se relaciona a los procesos coactivos civiles, establecidos en la Ley 1760, es en este punto en el que se basa nuestro trabajo de investigación, donde nos planteamos las interrogantes de: ¿de qué manera afecta el artículo 11 del Decreto supremo N° 25959, con los procesos coactivos civiles? ¿Si generaría inseguridad jurídica a los procesos coactivos civiles? ¿Si existe contradicción con la Ley 1760?, porque los contratos de arrendamiento financiero son distintos a los títulos coactivos. Haciendo un estudio de los contratos de arrendamiento financiero o leasing y la Ley 1760, respecto a los procesos coactivos civiles, lo que se pretende con el presente trabajo de investigación es proponer una regulación correcta de nuestras normas legales respecto a la ejecución por incumplimiento del canon de arrendamiento por la vía correspondiente, evitando malas interpretaciones.esLEGISLACION COMPARADAARRENDAMIENTO FINANCIEROCONTRATO DE ARRENDAMIENTOBIENES E INMUEBLESPROCESOS COACTIVOSTRABAJO DIRIGIDOThesis