Ley de imprenta de 1925 como fundamento de una política pública de comunicación en Bolivia

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Facultad de Ciencias Sociales

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La comunicación ha marcado la existencia de Bolivia, desde sus mismos orígenes, misma que ha merecido que desde su primera Constitución se incluya artículos que la refieran y así, sucesivamente, en distintos instrumentos legales, hasta llegar a ser especificado, ya en la labor periodística, en la Ley de Imprenta de 1925 que, a poco tiempo de cumplir 100 años, ha merecido un acalorado debate entre quienes la defienden “a capa y espada”, la consideran insuficiente a estos tiempos y otros que la ven como un manto de impunidad de los periodistas frente a las críticas a su labor. En ese mismo marco, tras la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, fueron decretadas y promulgadas una serie de normas que tienen relación con el campo comunicacional y periodístico, como la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, la Ley General de Telecomunicaciones que, junto a otras normas sectoriales, como el Código de Ética del Periodista Boliviano, conforman de hecho un cuerpo legal sobre la comunicación y el trabajo periodístico. Si bien se puede considerar a la Ley de Imprenta como una de cualidad específica relativa al trabajo de los periodistas, la misma tiene relación directa con el derecho constitucional del pueblo a la comunicación e información, es decir a ser parte del proceso comunicacional, donde el periodismo juega un rol muy importante. En ese sentido, sería posible abordar la Ley de Imprenta en el marco de los tres caminos señalados, es decir defender su plena vigencia, plantear su modificación parcial o, finalmente, su anulación y reemplazo por otro de similar o diferente cualidad adecuado a estos tiempos, sin embargo, también es posible considerar a la misma como fundamento de una política pública de comunicación en el país que permita conjuncionar todas aquellas normas específicas en un sólo cuerpo legal, ello tomando como base los fundamentos de la Ley de Imprenta, que permitiría así planificar de forma estratégica la comunicación en el país y no así sencillamente responder a las demandas comunicacionales coyunturales y sectoriales. El presente documento hace una remembranza de los orígenes de la Ley de Imprenta, su importancia para el trabajo periodístico, su relación con la nueva Constitución Política del Estado y el derecho a la comunicación e información, las divergencias existentes sobre la misma para arribar a la identificación de aquellos lineamientos de una posible política pública de comunicación y a las conclusiones y recomendaciones. Todo el trabajo se encuentra respaldado con las respectivas fuentes bibliográficas y documentales.

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