Insolvencia financiera, reestructuración voluntaria y valor económico de la empresa

Abstract

Las dificultades financieras que sufren las empresas en el desarrollo de sus actividades cotidianas afectan sus relaciones con los agentes internos y externos, los cuales tienen intereses económicos para la continuidad de la empresa; asimismo, las decisiones que puedan tomar los cargos ejecutivos son afectadas debido a situaciones de insolvencia; finalmente, la economía del país es afectada si la empresa se declara en quiebra y liquida incrementando los índices de desempleo y pérdida en la actividad económica. Los resultados del cálculo de la rentabilidad ajustada media revelan que la restructuración orientada al deudor sufre una mayor pérdida al momento de iniciar del procedimiento de reestructuración. Cuando el acreedor puede invocar el inicio del procedimiento y la reestructuración está orientada al acreedor se evidencia una recuperación en la rentabilidad ajustada media, seis meses antes del inicio del procedimiento de reestructuración. Mediante el modelo econométrico estimado se ha demostrado que la orientación de la reestructuración es significativa para determinar la rentabilidad ajustada media de las empresas que se encuentran en insolvencia. El sentido del coeficiente valida la hipótesis de que la reestructuración orientada al acreedor incrementa el Valor Económico de la empresa, puesto que ante la reestructuración corientada al deudor (1) el efecto sobre la rentabilidad ajustada media es negativo, mientras que en el caso de una orientación al acreedor (0) este efecto se neutraliza incrementando el valor económico de la empresa. Comparando los resultados por muestras se observan diferencias que nos permiten identificar algunas de las causas que restan eficiencia en los procesos de reestructuración en Bolivia. Por lo que se encuentra pertinente considerar las modificaciones propuestas a la normativa actual de reestructuración de Bolivia, las referidas a la potestad para la invocación del inicio del procedimiento, desarrollo de controles cruzados de la información financiera y legal proporcionada por las empresas, la ampliación del plazo para el registro y conformación de la Junta de Acreedores.