“Vulneración del principio del debido proceso en procesos administrativos”

Abstract

Dando una pequeña introducción sobre el tema elegido por el investigador, me parece pertinente que previo a desarrollar el esquema de lo que realmente refleja el título denominado, es necesario considerar los orígenes de fondo que inspiraron al investigador a desarrollar el presente tema, en ese sentido partiré refiriéndome a la razón de ser del derecho y el objetivo o el fin del derecho, ya que si bien es cierto que vivimos en un estado de derecho en ciertas ocasiones nuestros derechos garantizados por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, no son respetados y esta es una gran contradicción ya que las leyes y las garantías constitucionales deben ser respetadas y cumplidas con carácter general y obligatorio. En el cotidiano desarrollo de las actividades diarias en las que me desempeño, lastimosamente pude evidenciar que esta clase de inobservancia y vulneración de los derechos y garantías consagrados constitucionalmente son comunes, refiriéndome específicamente al tema propuesto daré a conocer, que dentro del trabajo desarrollado en el cargo de asistente jurídico en el Departamento Jurídico de la Universidad Tecnología Boliviana, pude evidenciar que durante la tramitación de un Proceso Administrativo seguido en contra de la institución mencionada, por la realización de una promoción empresarial sin autorización, la cual se encuentra regulada por la (LEY 060 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2010, LEY DE LOTERIA Y JUEGOS DE AZAR), la Resolución Regulatoria No. 01-00005-14 y la Ley 2341, (LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO), pude evidenciar de primera mano el problema planteado en el presente trabajo de investigación. Ahora bien teniendo en cuenta lo anteriormente referido, el presente trabajo investigativo y presentado en calidad de monografía jurídica podría ser una alternativa de solución a la realidad vivida en la sustanciación de procesos administrativos, los cuales en su tratamiento vulneran los derechos y garantías constitucionales dejando en un evidente estado de indefensión a los administrados ya que al exigir el pago de la sanción impuesta antes de resolver los recursos que franquea la ley y que son garantizados no solo por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia sino que también son respaldados y garantizados por el derecho internacional.