"Propuesta de ley anticontrabando de diesel y gasolina a países vecinos"

Abstract

Este trabajo de investigación realiza un análisis crítico del desvío de diésel y gasolina subsidiados hacia países vecinos, conceptualizándolo como una falla estructural de política pública con consecuencias multisistémicas. El estudio sostiene que la política de subvención de combustibles, si bien fue originalmente concebida como una medida de ayuda momentánea, ha generado incentivos perversos de considerable magnitud. La oportunidad por los precios congelados y las cotizaciones internacionales constituye el principal motor de una economía clandestina sofisticada, cuyo costo fiscal se estima en aproximadamente 600 millones de dólares anuales. Las consecuencias se determinan en cuatro dimensiones interrelacionadas. En el ámbito económico, la práctica representa un drenaje fiscal sustancial, exacerbando un déficit presupuestario, al tiempo que fomenta la omisión tributaria y socava las estructuras de mercado formales. Socialmente, induce escasez de alimentos y desencadena disrupciones en las cadenas de suministros que inflan el costo de bienes básicos y paralizan sectores productivos. Políticamente, la crisis erosiona la legitimidad institucional y la confianza ciudadana, creando desafíos de gobernanza agravados por fallos internacionales que exigen la extensión del subsidio. Jurídicamente, se demuestra que el marco legal vigente es insuficiente: es precario y carece de los mecanismos preventivos y específicos necesarios. En consecuencia, la investigación concluye que las medidas paliativas o "parches" existentes son fundamentalmente inadecuadas. Iniciativas como el 'Plan Soberanía' y el sistema de rastreo B-SISA carecen de efectividad regulatoria. Por lo tanto, el trabajo argumenta de manera contundente a favor de un cambio de paradigma. Se propone una Ley Específica contra el Contrabando de Combustibles, modernizada, que incorpore tecnología de trazabilidad avanzada, tipificaciones delictivas precisas con sanciones proporcionales y una cooperación judicial transfronteriza fortalecida. La tesis afirma que, sin una intervención legislativa decisiva y sofisticada, el contrabando continuará socavando de manera sistemática la seguridad económica, la cohesión social y la estabilidad política de Bolivia