Las elecciones judiciales bolivianas son inconstitucionales

Abstract

El presente trabajo establece que las elecciones de las principales autoridades judiciales bolivianas vulneran las garantías de independencia e imparcialidad, entre otras. Y, aunque no existe un sistema perfecto para designar a estas autoridades nacionales, cualquier modelo que se adopte debe respetar ciertos parámetros o estándares que existen en la Constitución y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La investigación analiza la normativa que regula este modelo judicial y su incompatibilidad con las referidas garantías constitucionales consagradas en los Convenios y Pactos Internacionales. Llama la atención, no obstante, que la Constitución (art. 182.II) reconozca la realización de unas elecciones y, al mismo tiempo, prohíba absolutamente hacer campaña electoral y pedir el voto, bajo sanción de inhabilitación, y que sólo el Órgano Electoral sea el único que puede hacer conocer a los candidatos difundiendo sus méritos. El trabajo pasa revista a los dos resultados de los procesos electorales (2011-2017), desde la selección y nominación discrecional de los candidatos por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta los resultados finales y parte de las terceras elecciones del 15 de diciembre de 2024. Los tres procesos electorales evidencian el alto grado de intromisión política partidaria, cuyo protagonista principal ha sido el Movimiento al Socialismo (MAS) y el expresidente Evo Morales, quien vivía haciendo campaña (pese a la prohibición) y profetizaba ganar (con sus candidatos) con un 70% de los votos. Sin embargo, las elecciones judiciales no solo erosionaron las garantías básicas, sino también fueron una derrota política para el MAS y Evo Morales porque se impuso el rechazo a las autoridades elegidas, aunque estas igual fueron posesionadas y ejercieron sus cargos.