"La necesidad de tutela constitucional, en los casos de vulneración de derechos de seguridad social a largo plazo de invalidez, jubilación y supervivencia, a causa de la inexistencia de mecanismos oportunos y eficaces de la normativa vigente y entes administradores"

Abstract

La presente investigación analiza la interrelación entre la Seguridad Social y la Justicia Constitucional en el contexto del Estado Plurinacional de Bolivia, con énfasis en la tutela de los derechos de largo plazo derivados de los seguros de invalidez, vejez y muerte. El estudio se realizó con el propósito de identificar las deficiencias normativas y procedimentales que afectan el acceso efectivo a la protección social mediante la acción de amparo constitucional, particularmente en favor de sectores vulnerables como jubilados, viudas, huérfanos y personas con discapacidad. Metodológicamente, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y jurídico–dogmático, sustentado en el análisis histórico y comparado de las normas de seguridad social desde la creación del Código de Seguridad Social de 1956, la Ley N° 1732 de 1997 y la Ley N° 065 de 2010, hasta las disposiciones constitucionales de 1967, 1994 y 2009 que introdujeron y desarrollaron la acción de amparo constitucional. Asimismo, se revisaron los procedimientos administrativos seguidos ante el SENASIR y las AFP Futuro y Previsión, el que actualmente está a cargo de la Gestora Publica, identificando sus efectos en la garantía del derecho a la seguridad social. Los resultados evidencian que, pese a la existencia de un marco normativo robusto, los entes gestores imponen barreras administrativas y formales que obstaculizan el acceso oportuno a los beneficios sociales, lo que obliga a los asegurados a recurrir a instancias judiciales ordinarias. Esta situación contradice el mandato del Artículo 45 de la Constitución Política del Estado, que garantiza una protección eficaz y oportuna en materia de seguridad social. Se concluye que el actual Código Procesal Constitucional requiere ser modificado para incorporar una excepcionalidad expresa que permita la activación directa de la acción de amparo constitucional frente a vulneraciones de derechos en materia de seguridad social de largo plazo, sin necesidad de agotar la vía judicial ordinaria. Con ello, se busca garantizar una tutela efectiva, rápida y humanitaria de los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables de la población.