"Análisis de la escasa relevancia jurídica social que presenta el tribunal departamental de justicia de La Paz por el incumplimiento de los requerimientos fiscales en los plazos y términos señalados en atención a la ley"

Abstract

El presente trabajo monográfico “ANÁLISIS DE LA ESCASA RELEVANCIA JURÍDICA SOCIAL QUE PRESTA EL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS FISCALES EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN ATENCIÓN A LA LEY” tiene como propósito demostrar a través del análisis jurídico, social la importancia vital de los requerimientos fiscales dentro de un proceso penal público ya que, su inobservancia se constituye en un factor conducente a una mala administración de justicia. El Ministerio Público como institución constitucional en Bolivia tiene sus antecedentes históricos, que marcan su nacimiento en el Decreto Supremo de 19 de noviembre de 1826 promulgado por el Mariscal Antonio José de Sucre, conocida como la primera Constitución Boliviana. Que en la actualidad el Ministerio Público, cuya naturaleza jurídica consiste en la representación de la sociedad y la defensa de sus derechos, ejerce la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Constituyéndose de esta manera en una institución de suma importancia que se encuentra dentro nuestro ordenamiento legal. Que para el ejercicio de sus funciones requiere realizar imprescindiblemente actos procesales que van desde la solicitud de informes, documentos, pericias etc. Destinadas a sostener los fundamentos que garanticen un debido proceso tanto a las partes involucradas como al interés colectivo sobre un hecho ilícito. El propósito jurídico se manifiesta en demostrar que todos sus actos del ministerio público se encuentran regulados por ley y que por tal razón sus requerimientos fiscales son de cumplimiento obligatorio. El segundo propósito es demostrar el vínculo axiológico que tiene la justicia como producto social al establecer normas que regulan la conducta humana, donde el ministerio público es el único titular de la acción penal pública.