Browsing by Autor "Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel"

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"Análisis de la escasa relevancia jurídica social que presenta el tribunal departamental de justicia de La Paz por el incumplimiento de los requerimientos fiscales en los plazos y términos señalados en atención a la ley"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2019) Condarco Flores, Julio Abdon; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
El presente trabajo monográfico “ANÁLISIS DE LA ESCASA RELEVANCIA JURÍDICA SOCIAL QUE PRESTA EL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS FISCALES EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN ATENCIÓN A LA LEY” tiene como propósito demostrar a través del análisis jurídico, social la importancia vital de los requerimientos fiscales dentro de un proceso penal público ya que, su inobservancia se constituye en un factor conducente a una mala administración de justicia. El Ministerio Público como institución constitucional en Bolivia tiene sus antecedentes históricos, que marcan su nacimiento en el Decreto Supremo de 19 de noviembre de 1826 promulgado por el Mariscal Antonio José de Sucre, conocida como la primera Constitución Boliviana. Que en la actualidad el Ministerio Público, cuya naturaleza jurídica consiste en la representación de la sociedad y la defensa de sus derechos, ejerce la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Constituyéndose de esta manera en una institución de suma importancia que se encuentra dentro nuestro ordenamiento legal. Que para el ejercicio de sus funciones requiere realizar imprescindiblemente actos procesales que van desde la solicitud de informes, documentos, pericias etc. Destinadas a sostener los fundamentos que garanticen un debido proceso tanto a las partes involucradas como al interés colectivo sobre un hecho ilícito. El propósito jurídico se manifiesta en demostrar que todos sus actos del ministerio público se encuentran regulados por ley y que por tal razón sus requerimientos fiscales son de cumplimiento obligatorio. El segundo propósito es demostrar el vínculo axiológico que tiene la justicia como producto social al establecer normas que regulan la conducta humana, donde el ministerio público es el único titular de la acción penal pública.
"Análisis socio jurídico para evitar el hacinamiento carcelario"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2020) Nina Cachi, Iván Hugo; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
Entre los muchos problemas y deficiencias que tiene el Sistema Penitenciario en nuestro país, está la falta de ambientes, de infraestructura adecuada para el cumplimiento de las metas que se traza la Ley de Ejecución Penal para la rehabilitación y reinserción del interno a la sociedad, aplicando el Sistema Progresivo como medio para conseguir este fin. El hacinamiento es un problema latente en todos los centros penitenciarios, puesto que actualmente se vive un alarmante hacinamiento en la mayoría de las cárceles de nuestro país, porque las mismas fueron totalmente rebasadas en su capacidad, generando de esta manera muchos problemas entre los internos, con su medio y en la aplicación y cumplimiento de las metas del sistema penitenciario de nuestro país y es la principal temática que se aborda en la presente investigación. Es en ese sentido que se vio la necesidad de desarrollar la presente investigación a fin de contribuir a la sociedad con un estudio minucioso, que grafique la realidad existente en los diferentes centros penitenciarios de nuestro país, dando a conocer las debilidades de nuestro Sistema Penitenciario; tratando de mejorar y fortalecer las virtudes del mismo, abordando el tema penitenciario en una de sus problemáticas más importantes como es la aplicación del sistema progresivo al sistema penitenciario actual, la cual no se cumple porque no existe la infraestructura adecuada para cumplimiento, cuya solución se reduce a la construcción de nuevos centros penitenciarios acordes a las exigencias de sociedad actual y acordes a las tendencias del siglo XXI con una visión de una nueva cárcel que aparte de tener un fin sancionador, tiene que tener un sentido realmente rehabilitador, debe ser un espacio de donde emerjan personas con una nueva visión de la vida y que aparte contribuyan a la sociedad.
"Analizar el consumo de bebidas alcohólicas en los padres de familia que genera, la desintegración y la violencia familiar"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2020) Cahuana Clavijo, Blanca; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
Se hace un análisis de la relación que tiene el consumo desmedido del alcohol en los padres de familia, la gran problemática, de la violencia intrafamiliar es un problema que destruye el núcleo de la sociedad que es la familia y por ellos resulta las investigaciones sobre la violencia intrafamiliar, no solo porque causa daños en la vida emocional y social de los integrantes de la familia, sino también por las repercusiones que esto causa hacia el exterior, como la desintegración de los valores sociales e individuales. La Familia es el lugar donde las personas conocen los valores humanos, sociales, morales y culturales con base a ellos aprende a relacionarse con la sociedad. Podemos decir que la violencia comienza en el hogar, el lugar donde se espera que todos sus miembros reciban los cuidados, la educación, el respeto, socialmente aprobados es aprendida a través del modo en que se relacionan sus integrantes y lo exteriorizan con sus familiares y amigos mediante actos de violencia comunes para quien vive en un ambiente en donde las agresiones constante es una forma de vida. El alcoholismo es uno de los problemas que más afecta al país y en particular a la ciudad de La Paz, porque no solo es un problema de salud pública sino fundamentalmente de carácter social, ya está asociado a muchas consecuencias perjudiciales para la persona que bebe, para su familia y para la sociedad en su conjunto. En esta comprensión la presente investigación, realiza un abordaje incisivo para develar las relaciones que existen entre el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar, como factor de riesgo que puede ocasionar la desintegración y desestructuración del hogar. La investigación es de carácter descriptivo, en la cual se tomó como universo poblacional a las mujeres en situación de violencia por el consumo de alcohol de sus cónyuges y a las funcionarias de la F.E.L.C.V. de la ciudad de La Paz. El Diseño de Investigación es No Experimental, habiéndose utilizado dos métodos de carácter teórico (Analítico Sintético y de Análisis Documental) y uno de carácter empírico (Observación Científica)
Incorporación de la autopsia psicológica como requisito de prueba obligatoria en el delito de homicidio-suicidio
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2023) Gossweiler Zaconeta, Lizeth Alejandra; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
La presente tesis tiene como objetivo principal proponer la incorporación de la autopsia psicológica como medio de prueba obligatorio en el Código de Procedimiento Penal para el esclarecimiento del delito de homicidio-suicidio. Para ello, se realizaron entrevista con expertos en el área judicial y psicológica forense pertenecientes a la ciudad de La Paz y Sucre, que permitió tener el sustento pertinente para proponer un Anteproyecto de ley. La conducta suicida u homicida son figuras jurídicas de eventos violentos cuyo estudio goza de amplia trayectoria de investigación teórica y empírica, sin embargo, las técnicas para su averiguación son pocos conocidos en el ámbito jurídico boliviano. Una de las más importantes es la autopsia psicológica, como técnica pericial es utilizada para diferenciar un suicidio de un homicidio, ya que es un procedimiento retrospectivo que a través de la reconstrucción biográfica de toda la historia de vida de la persona fallecida hace énfasis en: el estilo de vida, la personalidad, estrés reciente, enfermedad mental, etc. Para alcanzar el objetivo de investigación se utilizó un enfoque de investigación mixto a través de una investigación no experimental, descriptiva y propositiva conjunto con el método inductivo y analítico sintético. En el cual se aplicó una entrevista semiestructurada a expertos y un cuestionario a estudiantes. Los datos obtenidos fueron examinados a través del software estadístico ATLAS.ti 22 y el análisis de contenido, lo cual permitió comprobar la hipótesis de investigación. A partir de ello, se concluye que la incorporación de la autopsia psicológica como medio de prueba obligatorio en el Código de Procedimiento Penal contribuye a esclarecer el delito de homicidio-suicidio. Debido a que puede brindar la información científica pertinente para concluir que una muerte dudosa, pudo ser cometida por una acción culposa o dolosa y con ello obtener la verdad histórica de los hechos ocurridos.
"Incorporar en el Decreto Supremo 27957 (Reglamento, modificación y actualización a la ley de inscripción de Derechos Reales) la inscripción y registro automático el derecho de usufructo a favor de los padres en los casos de anticipo de legitima"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2019) Flores Solari, Jennny Verónica; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
El presente trabajo de Incorporar en el D.S. 27957 la inscripción automática del derecho de usufructo en los casos de transferencia por Anticipo de Legitima, se hizo un análisis sobre el diario vivir, ya que existen casos en los que por desprendimiento de los padres a favor de los hijos, estos se ven desprotegidos de toda seguridad Juridica. La inscripción automática planteada sería de mucha ayuda para esos casos, ya que no habría la necesidad de plasmar en un documento de forma expresa el deseo de reservarse ese derecho. No existe una información concreta de a que se refiere ese derecho de usufructo, ni como funciona, menos como hacer valer ese derecho, por eso, y para proteger a los padres es el planteamiento de dicho registro. Asimismo facilitaría de gran manera el registro en la Oficina de Derechos Reales, ya que a pesar de las diferentes modificaciones, o nuevas normas todavía existen vacios en los registros correspondientes, ya que el ámbito de los bienes y propiedades es muy amplio y a diario se presentan nuevas situación y conflictos.
"La falta de inclusión y regulación de derechos del oficial de registro cívico a la Ley N° 2027"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2021) Castro Castro, Víctor Hugo; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
Esta es una investigación relevante no solo en el campo legal sino también en el campo social, porque es necesario resolver los problemas en el campo funcional y los derechos otorgados y reconocidos por el Estado Constitución Política del Estado Plurinacional, si bien el objeto de estudio se basa en los derechos de los Oficiales de Registro Civil en el país y su promoción al reconocimiento expreso por las leyes propias. Durante algún tiempo, se observó que la resolución 035/2011 (Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil), carece del reconocimiento de los derechos de los funcionarios porque solo estipula sus funciones y obligaciones en la normativa antes mencionada, por lo que sus actividades son violadas y existe un vacío legal porque sus derechos no están regulados. En este sentido, se ha realizado una recopilación bibliográfica detallada de teorías y terminología correspondiente para comprender mejor la investigación, y también se ha enfatizado la participación de la ley de intervención para brindar un sustento normativo acorde a las exigencias para la parte propositiva. Es por ello que al realizar el análisis teórico y jurídico anterior, esta idea se rastrea a través de las actividades prácticas de la encuesta, esto se debe a las entrevistas con los sujetos directos de la encuesta, que es el caso de los Oficiales de Registro Civil, y poder resaltar la importancia o no de la problemática. Para concluir se advierte necesaria la complementación a la resolución 035/2011, referente al Reglamento de Oficialías y Oficiales de registro Civil), para contar son la normativa adecuada a la realidad social existente. En este sentido se aprecia la situación actual, en la cual se desenvuelven los Oficiales de Registro Civil, no cuenta con una protección actual, por la naturaleza misma de sus funciones, deberían ser incluidos y considerados como funcionarios públicos, para estar sometidos a la Ley Nº 2027
La necesidad de crear la defensoría del policía
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2021) Romay Luizaga, Rolando; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
Esta monografía aborda un tema tan necesario de atender en el interior de la Policía Boliviana como es la creación de un ente defensor que resguarde y proteja los derechos fundamentales de los miembros de esta gloriosa institución. Son 195 años de creación de la Policía en nuestro país y nunca, en todo este tiempo, se atendió la necesidad de precautelar los derechos fundamentales de los funcionarios policiales, derechos que derivan de los derechos humanos los cuales son inherentes a todo ser humano. Los policías antes de ser policías, son personas, y merecen el respeto y la garantía brindada por parte de autoridades y toda la sociedad en su conjunto, para que ejerzan sus funciones en apego a lo que establece la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales. El Estado como principal protector y garantista de los derechos humanos en nuestro país, debe propender e impulsar la creación de legislación que promueva la defensa y respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, en este caso en particular, siendo que la Policía Nacional (ahora Boliviana) es una institución fundamental del Estado, merece que sus miembros también gocen de esta tutela y protección, ya que de ellos dependerá directamente el correcto cumplimiento de las leyes que rigen en nuestro país, y en ellos la gente deposita su confianza para el mantenimiento del orden público y la defensa de la sociedad, pero como podemos confiar y pedir que el personal uniformado respete los derechos humanos y en ellos mismos se vulneran estos derechos fundamentales. En ese sentido, y con las encuestas realizadas dentro las filas de la institución del verde olivo, se pretende demostrar que, la creación de un "Defensor Policial" es una imperiosa necesidad que permitirá contar con un representante que defienda, proteja y haga prevalecer los derechos fundamentales de los policías en el cumplimiento del deber. Asimismo, permitirá evitar excesos de superiores hacia subalternos, radicar la discriminación al interior de la Policía, brindar mejores condiciones laborales, respetar las garantías procesales en procesos disciplinarios y muchos otros aspectos en favor de los funcionarios policiales, aspectos que realmente lograrán que se dignifique esta noble y sacrificada labor.
"La necesidad de implementar una norma jurídica para establecer obligaciones a los tenedores de animales de compañía o mascotas en el marco de la Ley 700"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2021) Lipa Quispe, Marcos Herminio; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
La ley para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato Ley N. 700, establece la defensa de los animales que tiene por finalidad prevenir y penalizar los actos de violencia, maltrato y crueldad y biocidio cometidos por personas contra animales domésticos, en el marco del numeral 21 del parágrafo 1 del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, muchos tenedores de estos animales de compañía o mascotas que tienen la obligación de resguardar la seguridad de la misma, no asumen su responsabilidad con el fin de evitar problemas que causare el animal o velando la situación de salud, por otro lado el animal de compañía o mascota en un determinado momento es descuidado por el tenedor el mismo causando daño al medio circundante o temor a los transeúntes bajo estas circunstancias se puede observar algunos problemas en las obligaciones de los tenedores en virtud aquello se plantea en el presente trabajo de investigación ampliar las obligaciones y responsabilidades a los tenedores de animales de compañía o mascotas por otro lado existe ausencia de preceptos jurídicos en la norma jurídica de la ley marco Ley Nº 700 permanente se puede observar en ciudades del Estado Plurinacional de Bolivia en específico en sectores urbanos y periurbanos existen una gran cantidad de animales de compañía o mascota en la calle sin identificación, en el cual la sociedad en su conjunto busca mecanismos de controlar y precautelar la vida de los mismos, como también de los dueños o tenedores, factor que en algunas ocasiones han generado una serie de riesgos y en algunos casos hasta la perdida de la vida, asimismo, causando daño a los ciudadanos de a pie en algunos casos irreversibles, bajo estas circunstancias se puede observar algunos problemas o vacíos jurídicos en las obligaciones en el marco de la ley 700, el cual denota la usencia de obligaciones del precepto jurídico de parte de los dueños o tenedores, bajo esta circunstancias proponemos y planteamos una forma de establecer la seguridad y paralelamente las obligaciones a través de las cuales es necesario incorporar nuevos mecanismos jurídicos de obligación para el tenedor o dueño de mascota o animal de compañía, a través de la carnetización o registro con el fin de garantizar la seguridad de los animales. En virtud de aquello se establece: "la necesidad de implementar una norma jurídica para establecer obligaciones a los tenedores de animales de compañía o mascotas en el marco de la ley 700.
La necesidad de incluir y regular en que casos se aplica la prescripción de la asistencia familiar en el código de las familias y del proceso familiar
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2024) Patiño Calderon, Ericka; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
El presente trabajo tiene como objeto de estudio la asistencia familiar en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, debido a que se pudo identificar la existencia de la necesidad de incluir y regular la aplicación de la prescripción de Asistencia Familiar devengada y que no fue cobrada oportunamente. El propósito del presente trabajo es analizar el objetivo principal de la asistencia familiar, el cual reside en el derecho a reclamar alimentos, educación, salud y vestimenta y si bien las obligaciones que nacen de las relaciones familiares son imprescriptibles, el cobro de la asistencia familiar determinada en proceso judicial, no puede encontrarse pendiente de ejecución indefinidamente en el tiempo. Mediante el análisis y la interpretación del trabajo de campo realizado a través de una encuesta cerrada previamente formulada con relación a la prescripción de la asistencia familiar, su reclamación y temas relacionados al mismo, nos permitieron conocer la opinión de la población objetiva sobre la aplicación de la prescripción. Por lo que se pudo constatar que ellos estarían de acuerdo con la regulación de la prescripción de cuotas de asistencia familiar. Finalmente se propone el diseño de un ante proyecto de ley de complementación al Código de las Familias y del Proceso Familiar, el cual plantea la prescripción de las cuotas de asistencia familiar, mismas que deberán tener como requisito haber sido calificadas y liquidadas mediante sentencia judicial, que están vencidas pero no fueron reclamadas, retenidas ni cobradas oportunamente. En el entendido que la asistencia familiar es un derecho y obligación que nace de los lazos de sangre o del matrimonio, que debe ser proporcionada oportunamente; por esta razón, su recaudo coactivo no puede mantenerse indefinido en el tiempo a la voluntad de el o los beneficiarios, pues de admitirlo se consentiría en el hecho de que la obligación originalmente declarada, por el transcurso del tiempo se tornara en exorbitante e imposible de ser satisfecha, afectando de manera peligrosa el patrimonio del deudor y su libertad.
"La necesidad de modificación del Art. 365-III del código procesal civil - Ley 439 que declara el desistimiento de la pretensión ante la inasistencia de las partes a la audiencia preliminar"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2021) Yanarico Sanjinez, Kenny Walter; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
En el presente trabajo de investigación, abordaremos la normativa sobre la asistencia o comparecencia personal de las partes en el proceso civil a la Audiencia preliminar en el proceso ordinario, prevista en el art. 365 prfo. III del Código Procesal Civil, en razón de su vigencia plena. En este contexto, analizaremos con cuidado la situación de la presencia de las partes a la Audiencia preliminar. En este entendido surge la necesidad de generar algunas modificaciones en el art. 365 prfo. III del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación de la sanción que dispone el desistimiento de la pretensión, por la inasistencia de la parte demandante a la Audiencia preliminar, atribuible a fuerza mayor insuperable o cuando la parte inasistente no haya justificado la situación de fuerza mayor en el término de tres días mediante prueba documental, abriendo un abanico de posibilidades respecto a cuales son las situaciones que puedan entenderse como fuerza mayor, que intenten justificar la inasistencia, máxime si esta prueba documental no alcance a las expectativas del juzgador, más aun cuando esta justificación debe ser mediante prueba documental, cuando el mismo articulado no establece cuales serían la causas de fuerza mayor insuperable o mediante que documentos se podría justificar la inasistencia de las partes. Asimismo, en caso de que, a criterio del juzgador, no se justifique la inasistencia de las partes mediante prueba documental, se declare el desistimiento de la pretensión, imposibilitaría que el litigante más adelante pueda interponer nuevamente una demanda en otro juzgado por ese derecho, negando de esta manera el acceso a la justicia y el derecho de ser escuchado en un proceso, perpetrando de esta manera una injusticia en base a una cuestión meramente procesal.
"La necesidad de modificar el decreto supremo N. 4260, por falta de condiciones socioeconómicas y tecnológicas en el subsistema de educación regular"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2020) Pachajaya Apaza, William; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
El Trabajo Dirigido, analizó las estrategias y las respuestas estatales referentes al acceso de la educación, para asegurar este derecho fundamental en el Estado Plurinacional de Bolivia en tiempos de la pandemia por el COVID-19. Desde la promulgación del Decreto Supremo Nº 4260 del 6 de junio del presente año, se ha podido identificar dificultades respecto a los estudiantes y también a los padres de familia, porque muchos de los mismos no pudieron ingresar a las plataformas virtuales, ni tampoco podían realizar gastos referente al acceso a internet. Si bien fue posible observar grandes esfuerzos por garantizar el derecho a la educación y proveer de oportunidades de aprendizaje por medio de plataformas variadas (virtuales, televisión y radio); se identificó que dicha normativa del D.S. Nº 4260, no previno los gastos para el acceso a la educación en tiempos de pandemia, ya que el financiamiento del Tesoro General de la Nación TGN, debe ser previsto por el Estado de Bolivia, a fin de garantizar el acceso a los estudiantes a una educación pronta y equitativa.
Necesidad de reglamentación especifica para la aplicación del silencio administrativo positivo conforme lo previsto en el numeral V del articulo 17 de la ley 2341 y el articulo 125 del Decreto Supremo 27113
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2024) Tapia Flores, Waldo Alejandro; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
Una de las formas de brindar protección jurídica al administrado es a través de la correcta aplicación de las leyes en especial a lo que refiere el derecho constitucional de recibir por parte de la administración pública una respuesta pronta y oportuna. El derecho administrativo prevé esta situación a través de la interposición de recursos por silencio administrativo negativo y positivo. La aplicación del silencio administrativo establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo debería ser uniforme en todos sus reglamentos bajo el entendido que se debe proteger a Los administrados, servidores públicos y personas naturales y/o jurídicas por la falta de pronunciamiento a un recurso interpuesto. En el Derecho Administrativo la representación del silencio se perpetuó a través de los años, como uno de los temas de más categoría y relevancia en el campo del Derecho Público. Debe entenderse que el Silencio Administrativo está dirigido a proteger al particular ante los frecuentes silencios en que incurre la administración, fenómeno que se encuentra en la función pública. Por lo que el silencio administrativo debiera ser una garantía para el administrado y/o interesado ante el retardo o el no pronunciamiento de la administración pública causando con ello inseguridad jurídica y lesión al derecho de petición. En tal sentido el silencio administrativo surge como una garantía para el administrado ante la ausencia o el retardo en la respuesta por parte de la Administración, ya que lo único que provocan es inseguridad jurídica y una lesión al derecho de petición. El Estado está obligado a emitir un fallo expreso en todos los procedimientos administrativos, independientemente de que éstos se inicien a instancias de los interesados o de la propia Administración. La respuesta a lo solicitado se relaciona, además, con los principios fundamentales del procedimiento administrativo como lo es el de Legalidad, toda vez que en un Estado de Derecho, la Administración Pública se encuentra obligada a someter sus actos enteramente a la Ley; del debido proceso siendo una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada trámite.
"Necesidad de reglamentación especifica para la aplicación del silencio administrativo positivo conforme lo previsto en el numeral V del articulo 17 de la ley 2341 y el articulo 125 del Decreto Supremo 27113"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2024) Tapia Flores, Waldo Alejandro; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
Una de las formas de brindar protección jurídica al administrado es a través de la correcta aplicación de las leyes en especial a lo que refiere el derecho constitucional de recibir por parte de la administración pública una respuesta pronta y oportuna. El derecho administrativo prevé esta situación a través de la interposición de recursos por silencio administrativo negativo y positivo. La aplicación del silencio administrativo establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo debería ser uniforme en todos sus reglamentos bajo el entendido que se debe proteger a Los administrados, servidores públicos y personas naturales y/o jurídicas por la falta de pronunciamiento a un recurso interpuesto. En el Derecho Administrativo la representación del silencio se perpetuó a través de los años, como uno de los temas de más categoría y relevancia en el campo del Derecho Público. Debe entenderse que el Silencio Administrativo está dirigido a proteger al particular ante los frecuentes silencios en que incurre la administración, fenómeno que se encuentra en la función pública. Por lo que el silencio administrativo debiera ser una garantía para el administrado y/o interesado ante el retardo o el no pronunciamiento de la administración pública causando con ello inseguridad jurídica y lesión al derecho de petición. En tal sentido el silencio administrativo surge como una garantía para el administrado ante la ausencia o el retardo en la respuesta por parte de la Administración, ya que lo único que provocan es inseguridad jurídica y una lesión al derecho de petición. El Estado está obligado a emitir un fallo expreso en todos los procedimientos administrativos, independientemente de que éstos se inicien a instancias de los interesados o de la propia Administración. La respuesta a lo solicitado se relaciona, además, con los principios fundamentales del procedimiento administrativo como lo es el de Legalidad, toda vez que en un Estado de Derecho, la Administración Pública se encuentra obligada a someter sus actos enteramente a la Ley; del debido proceso siendo una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada trámite.
Perdida de dominio : naturaleza jurídica, característica y análisis de su constitucionalidad
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2021) Lavadenz Carrillo, Zulma Bertha; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
La acción de perdida de dominio, es un instituto jurídico novedosos implementado en los Países Latinoamericanos, recae sobre los bienes de origen o destinación ilícita que estén vinculados a ciertas actividades ilícitas con el objeto de que los bienes pasen a formar parte del Estado debilitando así las estructuras delincuenciales que generalmente logran acumular poder económico que corrompe todas las estructuras de una sociedad. La acción de Perdida de Dominio, regulada por la Ley N. 913 y su Decreto Supremo N. 3434 se caracteriza por no corresponder a un proceso penal, ni civil, ni administrativo, por poseer su propia naturaleza, su procedimiento, sus propias reglas, y a diferencia del proceso penal por delitos de tráfico de sustancias contraladas, pretende efectivizar la lucha contra el narcotráfico, afectando los bienes que hayan sido instrumento, o sean de procedencia de actividades relativas al tráfico ilícito de sustancias controladas. Este trabajo identifica algunos puntos de la perdida de dominio que generan controversia, es decir, si existe violación de derechos constitucionales o a un abuso del derecho en perjuicio de los afectados por la pérdida de dominio, por lo que en desarrollo de esta investigación se determinó que no existe violación a derechos constitucionales como tal, sin embargo, se verifico que la dificultad principal está en que la perdida de dominio rompe con el esquema del derecho tradicional, pues esta figura no persigue personas, sino bienes, lo cual genera recelo en algunos juristas que ven con desconfianza que "aparentemente" se desconozcan derechos de las personas, pues esta ley se encarga de la persecución de los bienes sin importar en si este se encuentra con el titular o poseedor, independientemente de cualquier proceso penal. Se ha verificado el número de acciones de perdida de dominio interpuesto por los Fiscales es mínimo, debido a que se avocan a seguir e interponer la actos investigativos por los delitos relacionados al Tráfico Ilícito de Sustancias Controlada.
Políticas preventivas de seguridad del consumidor en bares y discotecas, para reducir los hechos delictivos en la ciudad de El Alto
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2021) Alave Rodriguez, Bernardo Leandro; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
La ciudad de El Alto, es considerada, una de las ciudades más inseguras, por el alto índice de hechos delictivos, generando un impacto social en los vecinos de la zona 12 de octubre (calle Jorge Carrasco), lugar de concentración de actividades económicas (bares y discotecas) y con personal de seguridad que trabaja, quienes ejercen malos tratos, falta de solidaridad y vulneran los derechos de sus clientes. El objetivo del presente tema de investigación busca proponer la inclusión de una norma que regule las funciones del personal de seguridad que trabajan en bares y discotecas, que garanticen los derechos de los clientes. La metodología que se utilizó fue el Método Deductivo; Se analizó crecimiento de hechos delictivos en la ciudad de El Alto, como datos reales y válidos a lo particular; inseguridad por la concentración de Actividades económicas y la vulneración de los derechos del consumidor por parte del personal de seguridad y se utilizó el Método Descriptivo, Se observo el comportamiento del personal de seguridad hacia los clientes (consumidores), la técnica utilizada fue la Observación de campo; observar el objeto de estudio, los datos obtenidos del fenómeno fueron registrados en el diario de campo, resultados obtenidos del análisis de datos, se identificó que el personal de seguridad desconoce de sus funciones, de proteger y respetar los derechos de los clientes (consumidores), Se concluyó, que proponiendo la inclusión de una norma que regulara al personal de seguridad, dándole funciones, obligaciones, responsabilidades y capacitaciones periódicas, ayudarían a prevenir y coadyuvar a la función Policial, a fin de reducir los altos índices de hechos.
"Reglamentación del ejercicio efectivo del derecho a la iniciativa legislativa ciudadana (participación) en el Asamblea Legislativa Plurinacional"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2023) Orihuela Ravaza, Albert Gualberto; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
El impedimento del Ejercicio pleno del Derecho a la Iniciativa Legislativa Ciudadana atenta lo establecido en los artículos 11º parágrafo II disposición 1; 24º, 26º, 158º; 162º; 163º; 241º y 243º de la C.P.E., concordante con lo establecido en la Ley 341 y Ley 026 Artículos 2 y 4, normativas que constituyen un avance en cuanto a lo que hace a la participación ciudadana, pues determinan que los ciudadanos organizados participan del diseño de las políticas públicas, pero no sólo se refiere a ello sino más bien extiende su accionar al control social que estos pueden hacer de lo público, lo mencionado se evidencia al constatar que en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la fecha no existe un solo Proyecto de Ley que haya sido tratado bajo esta modalidad. El no viabilizar lo plateado, provoca una constante vulneración al sistema democrático participativo. PROPUESTA DE SOLUCIÓN Proponer un Anteproyecto de Ley Reglamentario que permita ejercer plenamente el derecho de toda ciudadana o ciudadano al ejercicio efectivo a la Iniciativa Legislativa Ciudadana, consistente en: Presentación, tratamiento y aprobación de “Proyectos de Ley” en el ámbito nacional y sub nacional, estableciendo los parámetros necesarios que permitan la participación efectiva, cen la plena intención de mejorar el tratamiento legislativo a través de mecanismos concretos, ágiles, simples y gratuitos de participación.
"Reglamento para la fiscalización y control social de las iglesias evangélicas en La Paz, Bolivia"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2022) Muñoz Poma, Juan Carlos; Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel
El presente trabajo de investigación busca generar un análisis de las causas y juicios que llevaron al Estado Boliviano a ignorar la regularización y fiscalización de las donaciones u ofrendas económicas que reciben las iglesias evangélicas, bajo el argumento religioso al que se ampara ante todos sus fieles.
"Responsabilidad patrimonial del estado por leyes declaradas inconstitucionales"
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2023) Aguilar Pantoja, Eddier Ezequiel; Arias López, Boris Wilson
CAPITULO I: Analizaremos el planteamiento de problema, la delimitación en el tiempo y el espacio, en el tiempo los últimos 4 años y en espacio nuestro pais de Bolivia, la hipótesis, el objetivo general y los específicos centrando nuestro tema sobre la responsabilidad patrimonial del Estado CAPITULO II: Plantearemos el marco teórico, dando a conocer la figura de la responsabilidad del Estado, tipos de responsabilidad, asimismo sobre la vulneración de derechos, clasificación de los derechos, el daño que provoca una ley inconstitucional a las personas individuales y colectivas. Se determinará la responsabilidad patrimonial del Estado por las leyes declaradas inconstitucionales y el derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios dentro de la Constitución Política del Estado. Asimismo, se analizará sobre el control de constitucional sobre las leyes en Bolivia. CAPITULO III: En este capítulo se mencionará el marco conceptual sobre la responsabilidad del Estado, mediante conceptos sustentadas en la doctrina sobre la responsabilidad contractual, extracontractual, patrimonial, extrapatrimonial, asimismo sobre el daño, clases de daños, el resarcimiento, la reparación y la vulneración de derechos, principalmente el derecho a no ser perjudicado por una ley inconstitucional. CAPITULO IV: En este capítulo se considerará el marco historio juridico, estableciendo un desarrollo histórico para determinar la naturaleza jurídica de los principios que rigen en materia constitucional, en primer lugar, tenemos que contextualizar el surgimiento del Derecho Constitucional, por lo expuesto, consideramos que Hans Kelsen es el precursor del Derecho Constitucional ya que estableció los cimientos de ésta como ciencia, basándose en su experiencia como magistrado y ponente permanente de la Corte Constitucional Austriaca. En Bolivia en relación a la responsabilidad patrimonial en las reformas constitucionales, se tiene lo siguiente: El ante proyecto de la Ley de necesidad de reforma de la Constitucional elaborado el año 2001 por el Consejo Ciudadano para la Reforma Constitucional preveía la incorporación o reconocimiento expreso de la responsabilidad patrimonial del Estado en la Constitución Política del Estado. CAPITULO V: En este capítulo haremos referencia al marco comparativo y la propuesta, considerando otras legislaciones en la que se aplica la responsabilidad patrimonial del Estado por leyes declaradas inconstitucionales, dando una propuesta que permita en Bolivia considerar la reparación y/o resarcimiento de daños a personas individuales y colectivas por la vulneración del derecho a no ser perjudicado por una ley inconstitucional.