"Bases jurídicas para establecer nueva área de formación de bachilleres humanístico técnicos"

Abstract

La Constitución Política del Estado, ha instituido la educación como una función suprema del Estado y su obligación de sostenerla, garantizarla y gestionarla, además de haberla cualificado como unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad, sustentado como intracultural, intercultural y plurilingüe, fundamentado en los preceptos de ser: abierta, humanista, científica, técnica, tecnológica, productiva, territorial, teórica, práctica, liberadora, revolucionaria, crítica y solidaria, en igualdad de condiciones, orientada a la formación individual y colectiva y otros componentes constitucionales; estos preceptos están condicionados a la promulgación de una ley que determine las políticas, planes y programas respectivamente. La Ley Nº 070 : “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, la misma que fue el resultado de todo un proceso de sistematización a partir del Congreso de Educación realizado en el mes de julio del 2006, que resolvió la elaboración de los nuevos Programas de Estudio de los niveles Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva, Sin embargo, como se reconoce textualmente en la presentación de los mencionados documentos, estos tienen todavía un carácter de flexibilidad que nos permitió identificar el problemas que concierne a la educación secundaria es por esta circunstancias proponemos una nueva área denominada ”Educación para la Ciudadanía” busca fortalecer los espacios de convivencia social entre personas considerando que es la base de nuestra vida social , al conocer los derechos y obligaciones cuyo propósito es la educación en valores sociales, que cooperen en el desarrollo de comportamientos solidarios, basados en una identificación plena con la comunidad y el respeto al estado de derecho, en definitiva formar hombres y mujeres plenos, capaces de asumir responsablemente su condición de ciudadanos y que no permita condenas a pena aflictiva.